La evidencia que el Chapo Guzmán podría revelar y que EE. UU. quiere que calle

 

 

La evidencia que el Chapo Guzmán podría revelar y que EE. UU. quiere que calle

La Fiscalía en Brooklyn, Nueva York, quiere que el jurado vea una sola cosa cuando comience el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, en noviembre próximo: que el otrora líder del Cartel de Sinaloa era un narcotraficante asesino y torturador. Pero no es tan simple. Para intentar lograrlo hizo una selección de la evidencia disponible, según consta en el expediente del caso 09-CR

Entre otras acciones, la Fiscalía le pidió a la Corte que le prohíba a Guzmán hablar en el juicio sobre la operación Rápido y Furioso, la cual planificó el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés) de EE. UU.   en 2010, para permitir el trasiego hacia México de armas de fuego estadounidenses que estaban marcadas para poderlas rastrear hasta las manos del crimen organizado.

Algunas de esas armas llegaron a Guzmán y otros miembros del Cartel de Sinaloa, según  declararon autoridades estadounidenses en el 2016. Se trataba de al menos dos mil 500 armas de fuego, a la mayoría de las cuales el ATF les perdió el rastro. Dos de ellas, fusiles AK-47, fueron halladas en la escena del crimen, en el 2010, contra Brian Terry, un guardia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USB, en inglés). Para 2015 dos mexicanos miembros de una estructura criminal habían sido condenados a 27 y 30 años de prisión.

 

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos robaban armas de fuego a contrabandistas de marihuana. Hubo otros siete implicados. El séptimo fue capturado en el 2017.

El fiscal Richard P. Donoghue  y Arthur G. Wyatt, jefe de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quieren que el jurado, en lugar de juzgar a Guzmán, juzgue cómo y por qué las autoridades estadounidenses facilitaron el trasiego de armas.

En 2010, las autoridades mexicanas anunciaron que cerca del 80% de las armas incautadas en ese territorio provenían de EE. UU. Ese año estalló el escándalo de la operación Rápido y Furioso, en parte, por el asesinato del agente de la USBP. El crimen ocurrió tres meses antes de las también explosivas declaraciones, en una corte en Chicago, Illinois, de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, operador financiero del Cartel, y el hijo del segundo jefe de la estructura, Ismael el Mayo Zambada.

Vicentillo declaró que había un pacto entre la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, en inglés) y Guzmán y Zambada, para que estos le proporcionaran información  de carteles rivales. La ATF declararía en 2011 también que el operativo fallido de las armas “permitió al Cartel de Sinaloa obtener armamento”.

Aunque la Fiscalía de Brooklyn no quiere que Guzmán, de 58 años, hable de la operación de la ATF, sí lo acusa de trasiego de armas de fuego, cargo que él rechaza porque los hechos ocurrieron en México, no en EE. UU. Para la Fiscalía, el argumento del Chapo carece de mérito, aunque pide a la Corte que le prohíba  tocar el tema Rápido y Furioso en lo absoluto, ni los métodos que las autoridades estadounidenses utilizaron para ayudar en la  captura de Guzmán en México.

La fiscalía de Brooklyn busca excluir cualquier prueba que describa cómo las autoridades estadounidenses y mexicanas intentaron atrapar a Guzmán después de sus fugas de 2001 y 2015. Por ello pidió a la Corte que le prohíba a la defensa mencionar cómo lo  buscaron y capturaron, según consta en documentos del caso. El capo rechaza esa omisión.

“El defendido se opone a que la Fiscalía quiera excluir los métodos que las autoridades de EE. UU. y México usaron para  localizarlo en 2012, 2014 y 2016”, indica el expediente. Estos hechos incluyen una captura frustrada en Los Cabos, Baja California, en enero de 2012, y los operativos que precedieron a su detención en Mazatlán, Sinaloa, en febrero del 2014, y —después de su fuga en 2015— en Los Mochis, Sinaloa, en enero del 2016.

En una entrevista de prensa que cita el expediente, Eduardo Balarezo, abogado defensor de Guzmán, dijo que “algunas de las formas en que la DEA opera en el extranjero son ilegales, o no son éticas…. Ellos caminan sobre una línea delgada y a veces se extralimitan”. La defensa del Chapo sostiene que tiene derecho de cuestionar las limitaciones de los métodos que usan las autoridades. Donoghue y Wyatt argumentaron que esos métodos no prueban ni desmienten la acusación.

Sin embargo, la Fiscalía compartió con la defensa una lista de evidencias en la que destacan el uso de 16 grabaciones que el Gobierno de Colombia le entregó a EE. UU. como evidencia contra Guzmán —la lista no revela el contenido de las cintas—, y el uso de “métodos de geolocalización que no requerían una orden judicial para ubicar en México los teléfonos celulares de coconspiradores de Guzmán, cuando —las autoridades— lo buscaban en 2012 y 2014”, según el documento 249 del expediente.

 

El pez por la boca muere

 

Donoghue también quiere usar lo que Guzmán les dijo a los agentes federales estadounidenses que lo acompañaban en el vuelo de extradición que lo llevó de México a EE. UU., en enero de 2017. Aquel era un déjà vu del vuelo militar que lo trasladó desde Chiapas hasta el Distrito Federal, en 1993, después de su captura en Guatemala y traslado a México.

Anabel Hernández relata en su libro Los Señores del Narco  (Random House Mondadori, 2010) que entrevistó a varios pasajeros del avión, quienes revelaron que durante el vuelo Guzmán delató graves hechos de corrupción de autoridades mexicanas vinculadas con el narcotráfico. Hernández incluso citó a un testigo que, refiriéndose al detenido, dijo, “Había que madrearlo para callarlo; no sabíamos cómo cerrarle la boca, quería contar todo”.