Nicaragua cumple tres meses de crisis sociopolítica que deja más de 350 muertos

 

 

Nicaragua cumple tres meses de crisis sociopolítica que deja más de 350 muertos

 

En Nicaragua, donde las fuerzas gubernamentales tomaron el control el miércoles de la ciudad rebelde de Masaya, se cumplen exactamente tres meses de un movimiento de protesta antigubernamental duramente reprimido, que ha dejado má 350 muertos.

 

Los manifestantes iniciaron sus protestas el 18 de abril, en rechazo a una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien exigen su salida del Gobierno. Este exlíder de la revolución sandinista había estado en el poder entre 1979 y 1990, antes de su regreso en el 2007.

 

El 18 de abril, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno presenta una reforma previsional que incrementa las contribuciones y disminuye las pensiones en 5 por ciento, desencadenando en varias ciudades manifestaciones lideradas por estudiantes, severamente reprimidas.

 

El 22 de ese mes, Ortega da marcha atrás con la reforma, tras una ola de protestas marcadas por enfrentamientos y saqueos, que dejó 25 muertos en cinco días.

 

La marcha atrás en la reforma no calma la ira, y el 23 de abril decenas de miles de personas, entre ellas empleados, estudiantes, campesinos y empresarios, se manifiestan en Managua para denunciar la represión.

 

La ONU llama a Nicaragua a que "inicie investigaciones independientes y transparentes" sobre las víctimas, lamentando posibles "ejecuciones ilegales".

 

El 12 de mayo, cuando la movilización se intensifica, el ejército dice que "no reprimirá" las manifestaciones. Un diálogo tenso se abre el 16 de ese mes entre el presidente y la oposición con el respaldo de la Iglesia Católica, pero se suspende tras una semana, por la falta de acuerdo sobre la democratización del régimen.

 

 

El día 28, las partes acuerdan reanudar las conversaciones. Amnistía Internacional denuncia el uso de grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.

 

El 30 de mayo, la comunidad empresarial también toma distancia de Ortega, que asegura que permanecerá en el cargo pese a las protestas.

 

Después de la muerte de 16 manifestantes durante una marcha el día de las madres en Managua, los obispos vuelven a suspender las negociaciones.

 

El 4 de junio, Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, hace un llamado al diálogo, sin una propuesta concreta. Al día siguiente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena la violencia, sin responsabilizar al régimen por la represión.

 

El día 7, la conferencia episcopal presenta un plan de democratización con anticipadas reformas presidenciales y constitucionales, demandas de los manifestantes.

 

El 11 de junio, las fuerzas de seguridad intentan desmantelar las barricadas extendidas en ese país, y la violencia se renueva.

 

El 14, el país se paraliza por una huelga general, durante un día también marcado por la violencia.

 

Al día siguiente, contra viento y marea, el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo, permitiendo que observadores de derechos humanos ingresen en Nicaragua e investiguen la violencia. La oposición acepta un plan para eliminar los bloqueos pero el 18 de junio, el diálogo vuelve a interrumpirse.

 

El 23, se renueva la represión, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se refugian docenas de estudiantes.

 

 

El día 30, miles de nicaragüenses marchan para exigir la renuncia del presidente. Sin embargo, Ortega descarta el 7 de julio un adelanto de las presidenciales, describiendo a los opositores como "golpistas".

 

El 13 de julio, el país se paraliza nuevamente por una huelga general, después de una marcha masiva el día anterior con el mismo objetivo: la salida de Daniel Ortega. Estudiantes de la UNAN son duramente reprimidos y se refugian en un templo cercano: dos jóvenes mueren tras 20 horas de asedio.

 

El 15 de julio fuerzas progubernamentales lanzan un operativo en Masaya y ciudades vecinas para levantar bloqueos de vías con saldo de 10 muertos.

 

 

En los días siguientes, la comunidad internacional insiste en que se detenga la represión.

 

El 17 de julio, las fuerzas antimotines y paramilitares lanzan un asalto (bautizado por la oposición "operación limpieza"), contra Masaya, la ciudad más rebelde de ese país. Al menos dos personas mueren.

 

 

Uno de los representantes de la oposición, el líder campesino Medardo Mairena, es acusado por la justicia de terrorismo y de intentar socavar el orden constitucional.

 

Después de violentos enfrentamientos, las fuerzas progubernamentales toman el control de Monimbó, un barrio rebelde de Masaya.

 

Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, "poner fin a la represión tras tres meses de insensata matanza" en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país, y que ha segado más de 350 vidas desde el pasado 18 de abril.

 

"Tres meses después del comienzo de la represión del Estado en Nicaragua, han muerto alrededor de 300 personas, la inmensa mayoría a manos de la policía o de grupos parapoliciales", denunció la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en una declaración escrita enviada a Acan-Efe.

 

"El presidente Ortega ha demostrado una y otra vez que no se detendrá ante nada para aplastar a todas las personas que se atrevan a oponerse a su Gobierno y a las desafortunadas que se interpongan en el camino, incluidos menores de edad, estudiantes, madres de víctimas y miembros del clero", continuó.

 

Guevara observó que en los últimos días "se han intensificado la escala y la coordinación de los ataques generalizados contra la población civil, y se ha enviado a atacantes con armas letales a ciudades como Masaya, que se han convertido en símbolo de la resistencia al despiadado régimen del presidente Ortega".

 

El Gobierno de Nicaragua tomó el pasado martes el control de Masaya (sureste) a través de la denominada "Operación Limpieza", que consiste en una ofensiva ejecutada por las llamadas "fuerzas combinadas", integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, junto a trabajadores del Estado, para remover bloqueos de caminos y barricadas.