Washington: Advierten sobre amenazas al Estado de derecho en Guatemala

 

 

 

Washington: Advierten sobre amenazas al Estado de derecho en Guatemala

 

 

Funcionarios estadounidenses y expertos guatemaltecos abordan durante foro los efectos por expulsión de la CICIG.

 

 

Las amenazas al Estado de derecho y el futuro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tras las acciones impulsadas por el Ejecutivo para expulsar a esa misión de Naciones Unidas, fue discutido este miércoles por congresistas estadounidenses junto a un panel de expertos en el foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en el Capitolio en Washington.

 

 

El evento contó con la participación de la congresista Norma Torres, quien señaló que el gobierno guatemalteco ha emprendido una campaña contra la CICIG en los pasillos del Congreso estadounidense, llegando incluso a pagar US$80 mil al mes a una firma de relaciones públicas para influir en miembros de la Cámara y la administración de Donald Trump.

 

 

Otro panelista, el exsecretario Adjunto de Estado William Brownfield, sentenció: “lo que está pasando en Guatemala es un desastre devastador para el Estado de derecho”. El integrante de la Cámara de Representantes de EE. UU., James Patrick McGovern, dijo que la Comisión ayudó a exponer la corrupción profundamente arraigada en el país centroamericano, y que las recientes decisiones del gobierno de Jimmy Morales están dirigiéndolo hacía un Estado fallido.

 

 

Entre los expositores guatemaltecos participaron Claudia Escobar –exmagistrada de la Corte de Apelaciones y actual profesora de la Universidad Georgetown, Washington–, y el empresario Peter Lamport. Ella señaló en su intervención que Morales creó una crisis institucional y política al decidir poner fin al mandato de la CICIG antes del tiempo estipulado en el acuerdo bilateral de su creación.

 

 

También previno que en un Estado democrático los jueces tienen la última palabra y que destruir su autoridad es el primer paso hacia un régimen autocrático como los de Venezuela y Nicaragua. Lamport advirtió que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están amenazados e intimidados debido a sus resoluciones, y que fuerzas policiales y el ente investigador son sistemáticamente desmantelados.

 

 

La condición de la Policía Nacional Civil (PNC) también fue abordada durante el foro por el asesor de la CSIS, Mark  Schneider, quien señaló que en los últimos 11 meses se han realizado acciones para depurarla. Sin embargo, resaltó que el Ejecutivo ha revertido el progreso alcanzado al politizar dicha fuerza de seguridad y atacando la independencia del Poder Judicial.