Cicig destaca el financiamiento electoral ilícito en informe de labores

 

 

 

Cicig destaca el financiamiento electoral ilícito en informe de labores

 

 

"¡Seguimos trabajando!”, dice la portada del XI Informe Anual de Labores de la Cicig, que reúne el trabajo en el año en el que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato, que vence en 2019, por motivos como que representa una amenaza para la paz y se convirtió en una estructura paralela, además de prohibir el ingreso al territorio del comisionado Iván Velásquez.

 

 

“En el periodo cubierto por este informe de labores, los sectores afectados por la lucha contra la impunidad, muchos de ellos con acceso a poder económico y político, han promovido acciones tendientes a frenar y retroceder en los logros alcanzados”, detalla.

 

 

El documento, que se puede descargar en el sitio de www.cicig.org, tiene un apartado relacionado con el financiamiento electoral ilícito y el acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en enero convoca a Elecciones Generales.

 

 

“Atacar el financiamiento electoral ilícito es enfrentar directamente el origen de la corrupción y la cooptación del Estado de Guatemala”, se refiere el informe.

 

 

La Cicig capacitó al personal del ente electoral en los métodos y herramientas de investigación y elaboración de planes de investigación. También en investigación y análisis financiero y ciber-forense, así como el lavado de activos y la relación con el financiamiento electoral ilícito.

 

 

Se espera que, en 2019, durante el evento electoral, el TSE cuente con las condiciones necesarias para fiscalizar a los partidos políticos.

 

 

Hasta el cierre del informe aún se desconocía las recientes reformas que hicieron los diputados al Código Penal y al delito de financiamiento electoral ilícito.

 

 

 

La Cicig destaca dos premisas: La libertad de elegir y ser electos en igualdad de condiciones se pone en riesgo desde que la competencia electoral se vuelve asimétrica cuando determinadas opciones políticas recaudan cantidades desproporcionadas de fondos realizando campañas millonarias y la distorsión del sistema trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues muchas veces condiciona la voluntad de los gobernantes.

 

El ente de la ONU recalcó los casos presentados que acreditan a las organizaciones Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Líder) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) “diseñaron esquemas para evadir los controles del TSE e inyectar de manera ilícita y anónima fondos para sus respectivas campañas políticas en el 2015”.

 

Acompañamiento al MP y los casos

 

 

El primer capítulo del informe es acerca de la asesoría técnica y acompañamiento al Ministerio Público(MP). Puntualiza la identificación, investigación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (Cias).

 

 

En el informe de labores del 2017 la Cicig junto con el MP presentaron nueve casos ante los tribunales. En 2018 fueron 16 casos nuevos:

 

 

  • Caja de Pandora
  • Corrupción en municipalidades y Huehuetenango y Totonicapán
  • Traficantes de Influencias
  • Odebrecht I
  • Comisiones Paralelas
  • Manipulación de Justicia
  • Transurbano I
  • Mario Israel Rivera Cabrera
  • Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase II)
  • Negocios de la Industria Militar
  • Registro de Información Catastral, Caja de Pagos
  • Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase III)
  • Seguridad y Transporte
  • Construcción y Corrupción (Fase II)
  • Corrupción Quetzaltenango
  • Seguridad y Transporte
  • IGSS Ambulancias (Fase II)

 

Antejuicios y sentencias

 

En cuanto a los antejuicios la Cicig planteó 11 casos de los cuales dos fueron declarados con lugar, cinco rechazados y cuatro están pendiente de resolución.

 

En 2017:

 

 

  • Gerónimo Martínez Gómez, alcalde de la Municipalidad de Huehuetenango, declarado con lugar.
  • Álvaro Arzú -falleció en abril pasado- alcalde de la Municipalidad de Guatemala, fue rechazado.
  • Mynor Moto Morataya, titular del Juzgado Tercero Penal, no fue admitido.

 

 

En 2018:

 

  • Felipe Alejos, diputado de Todos, en discusión en la CSJ.
  • Adrián Rodríguez, fue titular del Juzgado Séptimo Penal, con lugar.
  • Marwin Eduardo Herrera Solares, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
  • Carlos Rodimiro Lucero Paz, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
  • Ana Leticia Peña Ayala, jueza, en trámite.
  • Nineth Montenegro, diputada, en trámite.
  • Jimmy Morales, presidente, archivado por el Congreso.
  • Óscar Armando Escribá Morales, diputado, en trámite.

 

En 14 de los casos se llegó a sentencia después de un proceso y el desarrollo de los debates. Hay más de cien las sentencias obtenidas, se lee en el informe. Existen cuatro casos que siguen en juicio, entre ellos el que involucra a Samuel Everardo Morales Cabrera y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, enjuiciados por el  caso Botín en el Registro de la Propiedad.

 

 

"Durante 2018 las peticiones de revisión de medidas se incrementaron en un 130%", se refiere el informe.

 

 

En la actualidad hay 680 personas procesadas, de las cuales el 40% está en prisión preventiva y el 60% goza de medidas sustitutitvas.

 

 

La Cicig espera iniciar los debates en los casos Génesis, Municipalidad de Chinautla: Un negocio de familia; Cleopatra, Secuestro de Retalhuleu y Lavado y Política. Se prevé que comenzarán en enero de 2019.

 

 

Millones en reparación digna

 

 

Uno de los aspectos es el reconocimiento y sanción de la responsabilidad penal por los delitos. En ese sentido, las reparaciones en los casos Odebrecht, Construcción y Corrupción, Financiamiento Electoral Ilícito y Lago de Amatitlán suman más de Q70 millones.

 

 

Preocupación

 

 

Existe una brecha de implementación en la Ley de la Carrera Judicial, advierte la Cicig. "Existe una tendencia a interpretar y aplicar las normas obviando los principios fundamentales, tales como la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales", dice el informe.

 

 

Hace falta la emisión del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial. Esto genera "lagunas normativas y da lugar a actos discrecionales y a impugnaciones por falta de base legal adecuada". 

 

 

La Cicig especifica que "es esencial" la correcta implementación de la Ley de la Carrera Judicial. Con esto se asegura la independencia judicial.

 

 

Fortalecimiento al estado de Derecho

 

 

La Cicig mantiene el trabajo de el fortalecimiento de capacidades entre sus funcionarios y los delegados de las insituciones del país especializadas, como el MP.

 

 

En relación con el trabajo para legislar contra la impunidad, la Cicig destaca el acompañamiento para las reformar al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos y prisión preventiva. 

 

 

La cultura de la legalidad junto con los ministerios de Educación y Gobernación y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se centró en el rediseño del material educativo.

 

 

En el apartado de corrupción administrativa la Cicig especificó el caso contra el exlegislador Mario Israel Rivera Cabrera, que recibió Q12.4 millones entre 2004 y 2015 de contratistas del Estado. El dinero fue utilizado para la compra de vehículos, construcción de casas y pago de préstamos.

 

 

La nueva fiscal General

 

 

El último detalle del informe de la Cicig es acerca del "cambio de liderazgo en el MP". El informe destacó la labor de los integrantes de la Comision de Postulación que durante 20 sesiones públicas enviaron la nómina de candidatos al presidente Morales, quien designó en el cargo a María Consuelo Porras.