Gobierno fija 72 horas a 11 integrantes de la CICIG para abandonar Guatemala

 

 

Gobierno fija 72 horas a 11 integrantes de la CICIG para abandonar Guatemala

 

Mientras tanto, en Washington y a raíz de la revocatoria de visas y cancelación de inmunidad diplomática, el congresista Sires advierte: “…el presidente Morales cree que puede engañar a la comunidad internacional e impedir la justicia…”

 

Son 72 horas las que el Gobierno de la República por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) ha fijado como ultimátum a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que 11 de sus investigadores y litigantes penales a quienes revocó las visas de cortesía para permanencia y la inmunidad diplomática abandonen el territorio nacional.

 

Como lo hemos informado, funcionarios de la cancillería acudieron este martes a la sede de ese organismo internacional –zona 14 metropolitana– tutelado por Naciones Unidas y la comunidad internacional, donde dejaron una nota señalando que los funcionarios a quienes no se renovó el documento, se les despoja la acreditación diplomática e inmunidad, tienen ese plazo para salir del país.

 

Ellos son –aparte de sus familiares– los investigadores y litigantes de procesos judiciales de alto impacto como los abogados Coriolano Marcelo Umpierrez Osorio; John Washington Giménez Robayna; Vicenzo Caruso; María Martín Quintana; Fernando Robles Reyes; Yilen Osorio Zuluaga, y Roque Marcelo Véliz López.

 

También a Horacio Roberto Piccardo Candia; Luis Fernando Orozco Álvarez; Fernando Washington Dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal –litigante por la CICIG en los procesos penales por corrupción administrativa La Línea y Cooptación del Estado–.

 

Mientras todo eso sucede, con el mensaje de que “Guatemala merece un gobierno libre y transparente”, el representante al Congreso estadounidense Albio Sires ha advertido esta tarde que “si el presidente Morales cree que puede engañar a la comunidad internacional e impedir la justicia, debe saber que el mundo está mirando”.

 

“Estamos monitoreando la revocación de la visa de 11 miembros del personal de #CICIG que estaban trabajando en algunos de los casos más importantes contra la corrupción en el país”,  señaló en su cuenta de Twitter el parlamentario por Nueva Jersey).

 

Iván Velásquez: Sin fundamento legal y arbitraria

 

Un poco antes de que se conociera el ultimátum de 72 horas fijado al personal para irse del país, el comisionado Iván Velásquez Gómez reaccionó de manera oficial desde el extranjero donde permanece desde septiembre a raíz de la prohibición de Jimmy Morales para que pueda volver al territorio guatemalteco al amparo de resoluciones favorables de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el experto abogado colombiano, quien afirmó que las disposiciones conocidas hoy no solo carecen de fundamento legal sino son arbitrarias.

 

Esta es su declaración oficial:

 

 

Según información que circula proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a once funcionarios y dos de sus familiares a quienes no se les ha renovado su visa de cortesía, acreditación diplomática y se les retira la inmunidad, cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala.

 

La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.

 

La información citada en el Diario Oficial no ha sido notificada a la CICIG mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La Comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto por lo que no puede considerarse una notificación diplomática.

 

“La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala de revocar y no renovar visas a funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, carece de fundamento legal, y por lo tanto , es arbitraria. 

 

La única razón expresada, tanto por el Presidente de la República como por la ministra, señalando de terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen, es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente”, señaló el comisionado Iván Velásquez.

 

Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales.

 

 

“La decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores el día de ayer, publicada hoy en el Diario de Centroamérica, en el sentido de que “la acreditación de las personas antes indicadas quedó sin efecto (…) por lo que corresponde la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados en su calidad de expertos de esa Comisión y que están aún en su poder (…) (y) ya no les corresponden los privilegios e inmunidades de que gozaban en su calidad de expertos de la CICIG”, es igualmente injustificada y desconoce el Acuerdo de Constitución de la Comisión, que es del que se derivan las inmunidades otorgadas a los funcionarios extranjeros de la CICIG”, manifestó el Comisionado.

 

La CICIG sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo.

 

“Las vías de hecho adoptadas por la Cancillería de Guatemala desconocen la Constitución Política de la República, constituyen un atentado al Estado de Derecho y podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la CICIG”, señaló el Comisionado Velásquez.

 

“Por estas razones, además de las acciones legales que se han presentado y otras futuras, hago un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía guatemalteca para que exijan el respeto de la Constitución Política y se preserve el Estado de Derecho”, puntualizó el Comisionado Velásquez.